El fin de siete reducciones guaraníes

EL FIN DE SIETE REDUCCIONES GUARANIES

Javier Baptista.

La película "La Misión"

La famosa película "La Misión" centra su argumento en los sucesos ocurridos a raíz de la entrega a Portugal, por parte de España, de siete reducciones guaraníes atendidas por los jesuitas. (Sobre las reducciones ver el artículo de Antonio Menacho: "El imperio jesuítico: el revés de la trama", en "Cuarto Intermedio", n. 3, pp. 3-22). La película presenta en síntesis la inhumana disposición de las coronas española y portuguesa que destruye una labor civilizadora y cristiana. Es verdad que muestra bien la injusticia del tratado, la dureza de los comisionados, la desesperación de los guaraníes, el problema conciencial de los misioneros y el fin trágico de las siete reducciones, pero no es fiel en absoluto a la verdad histórica. Transforma, por ejemplo, al P. Lope Luis de Altamirano, comisario nombrado por el P. General para hacer cumplir el tratado, en un cardenal legado pontificio, en quien recae en último análisis la culpa del despojo. Más allá de la verdad histórica, presenta a algunos de los jesuitas en armas y a españoles y portugueses como fríos asesinos de mujeres y niños. En este artículo no haré una refutación de la película ni una comparación de la ficción con la realidad, limitándome a narrar los sucesos en toda su complejidad.

El tratado de límites

La causa remota del traslado de los siete pueblos guaraníes de la banda oriental a la occidental del río Uruguay, fue la desmesurada importancia concedida por España a la Colonia del Sacramento, fundada en 1680 por orden del rey de Portugal Pedro II en una zona situada entre la Villa de la Laguna, la ciudad fronteriza más meridional del Brasil, y la desembocadura del río de La Plata, territorio de límites no bien establecidos entre España y Portugal, por donde se efectuaba un floreciente contrabando, principalmente de la plata proveniente de las minas de Potosí.

El 13 de enero de 1750 se firmó en Madrid un tratado, por el cual Portugal renunciaba a la Colonia del Sacramento y al territorio situado entre los ríos Yapurá y Amazonas, en los confines con la Audiencia de Quito. España, por su parte, cedía a Portugal la región de la montaña de Castillos Grandes, hasta el nacimiento del río Ibicuí, en la gobernación de Buenos Aires, y el territorio situado entre el pueblo de Santa Rosa y la banda oriental del río Guaporé, en la Audiencia de Charcas. En la parte cedida a Portugal en la banda oriental del río Uruguay, se encontraban las reducciones de San Borja, San Nicolás, San Luis, San Lorenzo, San Miguel, San Juan y Santo Angel, con un total de 29. 191 habitantes. Quedaban también en la zona cedida tierras pertenecientes a las reducciones de Concepción, Santa Cruz, Santo Tomé y San Javier, cuyos pueblos se encontraban en la banda occidental.

La reacción de los jesuitas

El P. General de la Compañía de Jesús, Francisco Retz, presionado por el rey de España, Fernando VI, el 7 de enero de 1750, antes de la firma del tratado, ordenó al Provincial del Paraguay, P. Francisco Querini, proceder a la evacuación de los siete pueblos, antes de la llegada de los comisionados. A mediados de septiembre de 1750 Querini supo de la existencia del tratado por rumores filtrados desde la Colonia del Sacramento. Convocó por lo tanto a una consulta a varios jesuitas, en la que se resolvió exponer al Virrey del Perú las dificultades previsibles, rogándole escribir al gobernador de Buenos Aires que pidiese un aplazamiento de la entrega, a fin de dar tiempo de informar bien al rey sobre las consecuencias desastrosas del tratado. Aunque ya había viajado a Europa el procurador electo por la Congregación Provincial, P. Carlos Gervasoni, se resolvió en la consulta enviar a Madrid al P. Pedro de Logu, como procurador extraordinario, el cual, llegado ya a Río de Janeiro, fue obligado por las autoridades portuguesas a regresar a Buenos Aires.

Confirmadas las noticias en febrero de 1751, los padres de la consulta, en ausencia del Provincial, que se encontraba en las reducciones, escribieron a Madrid pidiendo la modificación del tratado, por ser perjudicial a los intereses de España y no ser factible el traslado de los habitantes de las siete reducciones. Escribieron también al confesor de Fernando VI, P. Francisco de Rábago, jesuita, que su conciencia no estaba segura del acierto, obedeciendo a una ley civil y humana a la que contradecían las leyes natural, divina, eclesiástica y civil. Por cuenta propia el P. José Quiroga, explorador y cartógrafo, expuso el 14 de abril de 1751 al ministro José de Carvajal su convencimiento de que la cesión de la Colonia del Sacramento no impediría el contrabando y que las nuevas fronteras favorecerían el avance portugués en territorio español. En el mismo sentido se multiplicaron las cartas a Madrid del Virrey del Perú, de la Audiencia de Charcas, de los gobernadores de Asunción, Tucumán y Montevideo y de los obispos de Buenos Aires y Córdoba.

En enero de 1751 Querini recibió la carta del P. Retz, cuando éste ya había fallecido (9 de noviembre de 1750). Viajó a la reducción de San Miguel, donde el 2 de abril de 1751 convocó a 70 misioneros. Con excepción de Querini y otro más, juzgaron los misioneros que era irrealizable el traslado. El 4 de julio de 1751 el P. Ignacio Visconti fue elegido general, y el 21 del mismo mes ordenó a los jesuitas de la Provincia del Paraguay que facilitasen por todos los medios posibles la tarea de los comisionados reales, sin resistencia, contradicción ni excusa, bajo pena de pecado mortal.

Para la ejecución del decreto nombró comisario en la Provincia del Paraguay al P. Lope Luis de Altamirano. El procurador electo por la Congregación Provincial del Paraguay, P. Gervasoni, llegó al Puerto de Santa María en octubre de 1751. Escribió al ministro Carvajal y al P. Rábago, solicitando la modificación de las líneas fronterizas. Rábago le aconsejó que no tocase con nadie el tema del tratado, ni siquiera con el comisario Altamirano. Gervasoni, sin embargo, se las ingenió para hacer llegar a manos de Gaspar de Munive, marqués de Valdelirios, comisionado real para la ejecución del tratado, un mapa de las misiones, hecho por el P. Quiroga, con la esperanza de que a su vista pudiese comprender el daño que representaba para España la cesión de ese territorio. El mismo Quiroga escribió también a Rábago desde Buenos Aires el 7 de diciembre de 1751, pidiéndole interceder ante el rey, pero no era el rey sino sus ministros quinenes tenían la sartén por el mango.

El 27 de enero de 1752 llegó a Córdoba del Tucumán el P. José Isidro Barreda, peruano de nacimiento, que había sido nombrado Provincial del Paraguay por el P. Retz en 1750. A su llegada se encontró con las cartas del P. Visconti del 21 de julio de 1751, dirigidas a él y al nuevo superior de las misiones, P. Matías Strobel. Encontrándose éste enfermo, Barreda pidió al anterior superior, P. Bernardo Nussdorffer, continuar en el cargo. Nussdorffer comunicó la noticia a los guaraníes de los siete pueblos en un recorrido que duró desde principios de marzo hasta el 10 de abril, y designó a 15 misioneros para que buscasen terrenos adecuados para establecer los nuevos pueblos en la margen occidental del río Uruguay. Después de cinco meses de agotadora búsqueda, los exploradores y sus acompañantes guaraníes no pudieron encontrar sitios aptos, por carecer de agua, ser pedregosos o estériles, estar infectados de hormigas, o encontrarse muy cerca de los belicosos charrúas, que impedirían sin duda el asentamiento de poblados en tierras que consideraban suyas.

La reacción de los guaraníes

El 20 de febrero de 1752 llegaron a Buenos Aires el comisario nombrado por el P. General, P. Lope Luis de Altamirano, y el comisionado real español Gaspar de Munive, marqués de Valdelirios.

Convencidos por Barreda, Altamirano y Valdelirios insistieron ante el comisionado portugués, Gómes Freire de Andrade, sobre la necesidad de conceder a los guaraníes un término de tres años. Freire dió su consentimiento. Altamirano informó del acuerdo a Barreda, quien comunicó a las reducciones que podían proceder a preparar las sementeras para la próxima cosecha. Retractándose del consentimiento dado, Freire escribió a Valdelirios desde Río Grande el 21 de abril de 1752, ordenando el inmediato traslado de los pueblos. En consecuencia, el 23 de mayo Altamirano transmitió la orden a los misioneros y se dirigió a las reducciones para dirigir personalmente las operaciones. El 15 de agosto llegó a la reducción de Yapeyú, en la confluencia de los ríos Ibicuí y Uruguay, donde lo esperaban los PP. Strobel y Nussdorffer. Nussdorffer le informó que los habitantes de San Nicolás y San Miguel se habían soliviantado, por lo cual, el 20 de agosto escribió Altamirano a Valdelirios insistiendo nuevamente en el plazo de tres años. Valdelirios se entrevistó con Freire en Castillos Grandes el 29 de agosto, y logró a duras penas la ampliación del plazo a cinco meses.

Altamirano fijó la fecha del 3 de noviembre para dar inicio a los traslados. Desde la reducción de San Borja envió en octubre una circular a todos los jesuitas de la Provincia del Paraguay, en la que les recordaba las órdenes del P. General y les mandaba en virtud de santa obediencia y bajo pena de pecado mortal, no impedir o resistir, directa o indirectamente, por escrito o de palabra, el efectivo y puntual traslado de los indios a los nuevos lugares de asentamiento. Por consejo de los misioneros no siguió viaje a San Nicolás y San Miguel, y se estableció en Santo Tomé. El corregidor, el cabildo y los caciques de San Juan le enviaron una carta declarándose súbditos de España y enemigos de los portugueses, pero no dispuestos a dejar su pueblo, aun en contra de soldados españoles y misioneros. Igual decisión comunicaron los de Santo Angel. En cambio, los de San Borja, San Luis y San Lorenzo prometieron obedecer. Como la agitación no menguaba, Altamirano amenazó a los indios con quitarles los misioneros. No llegó a dar esa orden pero sí a blandirla ante los mismos misioneros, añadiendo que los no españoles serían además expulsados de los territorios de España.

El 20 de noviembre Altamirano escribió al P. General indicando que las dificultades se debían a la oposición activa o pasiva de los padres. Le informó que el P. José Cardiel, cura de Itapuá, pueblo no afectado, le había escrito una carta en la que afirmaba que para saber que no obligaban en este caso los preceptos del P. General, bastaba saber la doctrina cristiana, que el P. Strobel había enviado a todos los misioneros copias de esa carta, y que otro de los misioneros había declarado que ese escrito merecía ser impreso en letras de oro.

Mientras tanto, un primer grupo de San Luis, que en noviembre había iniciado los trabajos en Valdés, en la desembocadura del río Negro en el río Uruguay, fue atacado por indios bojanes y regresó a su pueblo. Siendo ya cinco los pueblos rebeldes, Altamirano redobló sus amenazas de dejarlos sin curas, lo que tuvo efecto, pues todos los pueblos, menos San Nicolás, aceptaron proceder al traslado. A principios de enero de 1753 los de San Borja y San Lorenzo comenzaron la construcción de sus nuevos pueblos, y estaban ya de camino muchos de Santo Angel, San Juan y San Miguel. Recomenzó la agitación cuando algunos de San Miguel, que habían ido a San Nicolás a pedir que les prestaran animales de carga para el acarreo, habían vuelto del todo cambiados y querían ir a Santo Tomé a informar a Altamirano de su decisión de no dejar su pueblo. Se hablaba incluso de arrojarlo al río, pues en San Nicolás les habían dicho que la orden de traslado no provenía del rey sino de Altamirano, que en realidad era un portugués. El 23 de enero Altamirano revocó la orden de traslado de San Miguel. Por miedo a perder la vida se fue a Yapeyú, de donde pasó a la ciudad española de Santa Fe a principios de abril. Desde allí envió una circular a todos los misioneros, insistiendo en que pusiesen mayor celo en hacer cumplir las órdenes del rey.

La agitación cundió por los demás pueblos y llegó hasta los lugares donde se habían comenzado ya las nuevas instalaciones. La mayoría de los de San Juan huyeron una noche, y sólo algunos de ellos volvieron a su pueblo. En los nuevos asentamientos de las otras reducciones hubo enfrentamientos entre los partidarios de continuar las obras y los que optaban por la revuelta. Hubo varios muertos y fugitivos. Los mismos misioneros ya no estaban seguros, pues corría la voz de que habían recibido dinero de los portugueses a cambio de los siete pueblos. Los únicos nuevos asentamientos que seguían en construcción eran los de San Borja y San Lorenzo.

Los sucesos de Santa Tecla.

El 26 de febrero de 1753 una comisión mixta hispano-portuguesa, encabezada por el español Juan de Echavarría y el portugués Francisco Antonio Cardoso, llegó a Santa Tecla, rancho de la estancia ganadera de San Antonio, perteneciente a la reducción de San Miguel. No pasó nada con los pocos guaraníes que allí encontraron, pero a los pocos días se presentó con algunos acompañantes el alférez real de San Antonio, José Tiarayú, alias Sepé, quien solicitó una entrevista con el coronel Francisco Bruno Zabala, a quien conocía. No siendo bueno el intérprete que acompañaba a los demarcadores, parece que no se entendieron. Los comisionados sacaron en limpio que además de poseer desde tiempo atrás una cédula real que les ordenaba impedir la entrada de portugueses, los de San Antonio tenían un documento que les había dado el P. Superior dos días antes, que era un oficio del gobernador de Buenos Aires con la orden de defenderse de los portugueses.

En realidad, el P. Strobel, que se encontraba en Candelaria, no podía haberles entregado ningún documento. Sin embargo, había un fundamento, y era que un año antes, con consentimiento de las autoridades de Buenos Aires, los de San Antonio habían comprado a los de Yapeyú dos cañones para defenderse de los portugueses y de los indios paganos. Al pedirle Zabala la entrega del documento, Sepé dijo que se encontraba en San Antonio y que además no lo entendería, pues estaba escrito en guaraní, y que de todos modos no lo entregaría, por disposiciones del P. Superior, Matías Strobel, y del cura de San Miguel, P. Lorenzo Balda. Sepé sostuvo que el rey de España, que estaba muy lejos, había sido engañado, y que esa pretendida orden real no podía ser su voluntad. Aclaró que estaban dispuestos a dejar pasar a los españoles, pero no a los portugueses, de quienes siempre habían recibido graves daños, y que querían apoderarse de sus tierras que Dios y San Miguel les habían dado. Añadió que disponían de 9.000 soldados para defender sus tierras.

No pudiendo resolver nada, el 20 de febrero Echavarría mandó una carta al P. Miguel de Herrera, a San Antonio, por medio de los mismos guaraníes, y al no recibir respuesta, una segunda el 1º de marzo. Pero Herrera ya no se encontraba en San Antonio sino en San Miguel, a donde había pasado por miedo a ser asesinado. La carta de Echavarría fue despachada al P. Strobel, a Candelaria. Strobel escribió al P. Lorenzo Balda, cura de San Miguel, encargándole saludar a los señores comisionados, proveerles de víveres y prevenirles del peligro que corrían. Recibida la carta de Strobel, Balda se la comunicó al P. Tadeo Enis, quien se encontraba en San Antonio, pidiéndole cumplir esas disposiciones, pues él no se podía mover de San Miguel, dada la excitación reinante. Pero ya era tarde, pues cuando Enis, habiendo logrado con dificultad vencer la oposición de la gente a enviar víveres a los comisionados, se dirigía por fin a Santa Tecla, ya éstos se habían ido.

Al no recibir respuesta de Herrera y ante la oposición de Sepé de que los comisionados hablasen con los misioneros, el 2 de marzo Echavarría convocó junta de oficiales españoles y portugueses, en la que se resolvió abandonar la empresa. Influyeron en esa decisión el agotamiento de los animales, la escasez de víveres y la exagerada idea que los comisionados se habían formado del poderío militar de los guaraníes. A pedido de Echavarría el cabildo de San Miguel le entregó un escrito el 5 de marzo con las razones de la negativa: órdenes del gobernador de Buenos Aires, del provincial P. Barreda y del superior P. Strobel. El 7 de marzo los guaraníes trajeron 70 cabezas de ganado para la tropa española y 30 para la portuguesa. Los comisionados españoles volvieron a Buenos Aires y los portugueses a Sacramento.

Las noticias de los sucesos de Santa Tecla llegaron a Yapeyú y de ahí pasaron aumentadas a Santa Fe, donde se encontraba Altamirano. Se esparció el rumor de que más de 600 indios se encontraban en camino de las estancias para enfrentarse con los comisionados. El 8 de abril Altamirano escribió a Valdelirios mostrándose partidario de una conducta enérgica.

La orden de salida de los misioneros.

Al saber Freire lo sucedido, encolerizado por la retirada de Echavarría frente a 70 indios, el 24 de marzo escribió a Valdelirios que no se podría dar un paso adelante si no se quitaba de en medio a los misioneros, que eran los verdaderos rebeldes, culpables de todos los entorpecimientos. Ante las acusaciones levantadas contra los jesuitas de ser los causantes del desacato a las autoridades, Altamirano ordenó a Barreda renunciar a nombre de la Compañía a los pueblos rebeldes y a los que eventualmente se les juntasen. El 2 de mayo de 1753 Barreda hizo la renuncia mediante acta notarial, en la que decía que los jesuitas no podían

compaginar su fidelidad al rey con la atención espiritual de súbditos rebeldes y negaba toda participación de la Compañía en la rebelión. Altamirano, como comisario de la Compañía, confirmó el 14 de mayo la declaración del provincial. Dos días antes, el 12 de mayo, había ya ordenado a los misioneros convencer a los indios de la inutilidad de la resistencia y obligarlos a dejar de una vez los pueblos, aun yendo provisionalmente a las reducciones no afectadas, poniendo como plazo el 15 de agosto. Si a esa fecha persistían los indios en su terquedad, los misioneros debían destruir la pólvora existente y consumir las hostias consagradas, por orden de santa obediencia y bajo pecado mortal, y salir de los pueblos bajo pena de excomunión y expulsión de la orden. Los misioneros, puestos en arresto domiciliario por los guaraníes, no pudieron dejar las reducciones.

La campaña de 1754.

El 15 de mayo de 1753 el gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui, ordenó a todos los jefes militares hacer los preparativos necesarios para castigar a los rebeldes. El 5 de junio escribió a los siete pueblos conminándolos a someterse a la voluntad del rey, amenazándolos con la guerra en caso de desobediencia. En agosto Strobel recibió las respuestas de los caciques a las intimaciones de Andonaegui, escritas en guaraní. Se negaban a entregar a sus peores enemigos, los portugueses, sus pueblos, iglesias y plantaciones, reconocidos como suyos por muchos decretos del rey de España, para irse a tierras donde los esperaba el hambre y la muerte. Los de San Lorenzo decían que dos veces habían hecho el intento de establecerse en otra parte, y que lo único que habían conseguido era cansarse, que la tierra señalada no les agradó, y que indios paganos no les permitían instalarse en los lugares que habían recibido de Dios. Y que por lo tanto, pedían humildemente al rey les permitiera permanecer en las tierras donde habían nacido. Esperando aún evitar el conflicto bélico, el provincial Barreda (19 de julio) y el obispo de Córdoba, Pedro Miguel de Argandoña (15 de agosto), escribieron a Valdelirios pidiendo aplazar el envío del ejército a las misiones, pero ya nada podía hacer retroceder a Freire.

El 23 de febrero de 1754 un grupo de guaraníes de San Antonio atacó el fortín portugués de Santo Amaro, sin éxito, expedición en la que el P. Enis se negó a participar como capellán. El 24 de marzo los comisionados se reunieron para ultimar los preparativos. Acordaron que Freire se dirigiera al oeste de Río Grande, hacia Santo Angel, y Andonaegui por el sur hacia San Borja. Freire partió de Sacramento el 22 de abril. El 29 hubo un encuentro en Río Pardo entre un grupo de guaraníes y la avanzada portuguesa. El 7 de septiembre los guaraníes impidieron a los portugueses cruzar el río Yacuí. El 11 de septiembre llegó un despacho de Andonaegui, proponiendo a Freire el regreso a las bases en espera de circunstancias más favorables, a lo cual respondió Freire que él seguiría adelante. Efectivamente, siguió avanzando pero hubo enfrentamientos entre portugueses y guaraníes. Con las lluvias de octubre había aumentado el cauce del río y se había inundado el campamento portugués. Ante un nuevo ataque de los guaraníes, Freire levantó bandera blanca e inició la retirada el 21 de noviembre de 1754. La principal consecuencia de esta campaña fue la epidemia de viruela que se abatió sobre las reducciones, causando centenares de muertos en ambas bandas del río Uruguay.

Andonaegui había partido de Buenos Aires el 2 de mayo de 1754 al mando de un ejército de 2.000 hombres. Se encontró con que los caminos se hallaban en mal estado por causa de las lluvias y con la dificultad de proveerse de forraje para las cabalgaduras y acémilas. Acercándose ya a las misiones, en julio envió mensajeros al párroco de la reducción de Yapeyú, que no formaba parte de los pueblos afectados, ordenando le enviasen 600 gansos y 1.000 caballos, y le tuviesen preparadas algunas barcas a orillas del río Ibicuí. Llegados los mensajeros al vado de Miriñaí, les salió al encuentro un grupo de hombres de Yapeyú, decididos a impedirles continuar adelante. En el enfrentamiento que se siguió murieron dos españoles y los otros se dieron a la fuga. Andonaegui prosiguió su marcha, pero el mal estado del camino lo obligó a retroceder a Salto Chico. En consejos de guerra celebrados en agosto, los españoles vieron que era imposible proseguir, dadas las dificultades del camino y la pérdida continua de animales, pues morían unos 20 al día. En octubre los de Yapeyú atacaron el campamento español, y en el combate murieron 260 guaraníes y 74 cayeron prisioneros. Andonaegui resolvió regresar a Buenos Aires, a donde llegó el 7 de marzo de 1755.

El ataque final.

Para dar inicio a la segunda campaña, esta vez en forma conjunta, Andonaegui con 1.679 hombres y Freire con 1.106, se encontraron en el nacimiento del río Negro el 16 de enero de 1756, y se dirigieron a San Miguel. Las fuerzas unidas de los siete pueblos, unos 1.500 en total, se pusieron a las órdenes del entonces corregidor de San Miguel, José Tiarayú, alias Sepé, que se había enfrentado a los comisionados tres años antes en Santa Tecla. El 20 de enero llegaron los españoles y portugueses a las cercanías de Santa Tecla. Al verse en inferioridad numérica, Sepé envió mensajeros a los pueblos de la banda occidental, pidiendo ayuda. Ordenó luego al grueso de su ejército atrincherarse en las serranías del Tape, fácilmente defendibles, mientras él se quedaba con unos 100 hombres para distraer al enemigo con escaramuzas. El 7 de febrero hubo un encuentro entre las fuerzas de Sepé y 400 españoles al mando del gobernador de Montevideo, Joaquín de Viana. Murieron Sepé y otros siete guaraníes y dos españoles. El grueso del ejército guaraní se había establecido en el paso de Santa Catalina. No habían llegado los refuerzos pedidos. Los guaraníes, al acercarse las tropas hispano portuguesas, el 10 de febrero tomaron posesiones en el río Bacacayguasú y en la colina de Caaybaté. Tenían 8 cañones de cañas de bambú, forrados de cuero. Los soldados estaban armados de arcos y flechas, con excepción de unos cuantos que disponían de carabinas.

Dispuso Andonaegui a las tropas españolas en el flanco derecho, al centro la artillería, y a las tropas portuguesas en el flanco izquierdo. Intimó rendición a los guaraníes y les dió una hora de plazo. Transcurrida una hora y media, dió la orden de ataque. Dada la superioridad de los atacantes en número, armas y dirección, no fue una batalla sino una masacre. Desbandados los guaraníes a los primeros cañonazos, fueron perseguidos a muerte por la caballería. Según el parte de Andonaegui, murieron por un lado tres españoles y un portugués, y por el otro 1.311 guaraníes, 152 cayeron prisioneros, y los demás huyeron. Uno de los prisioneros fue el corregidor de Concepción, Nicolás Neengirú, que la leyenda transformó en Nicolás I, rey de los guaraníes.

El 18 de mayo de 1756 los dos ejércitos ocuparon el pueblo de San Miguel. Allí convocó Andonaegui a los caciques de los siete pueblos, quienes le prestaron obediencia. No habiéndose presentado los de San Lorenzo, Viana sitió el pueblo con una fuerza de 800 hombres. El 25 de mayo se sometieron los caciques. Entre junio y julio comenzaron el traslado de los pueblos de San Miguel, San Luis, San Lorenzo, Santo Angel y San Borja. En agosto se trasladaron sólo 2.000 familias de las 7.000 de San Juan. Las restantes huyeron, agregándose muchas de ellas a las tribus paganas de charrúas y minuanes, o prefirieron quedarse en el pueblo. Casi todos los de San Nicolás huyeron, siendo pocos los que pasaron al lado español o se quedaron. Pero luego, todos los que habían preferido quedarse en sus pueblos, igualmente tuvieron que dejarlos a la fuerza, y fueron conducidos por los portugueses a Río Pardo.

Al firmarse el tratado en 1750 había en los siete pueblos 29.191 habitantes. A comienzos de 1756, por pérdidas sufridas durante la epidemia de 1754, sumaban 29.052. En octubre de 1758, 26.686 estaban en territorio español y unos 1.500 en territorio portugués. Terminado todo, la Colonia del Sacramento, por la cual España había sacrificado los siete pueblos guaraníes, no fue entregada por Portugal. Fue tomada por los españoles en 1762, durante la guerra de los siete años, devuelta por el tratado de París en 1763, y nuevamente tomada en 1777 por el primer Virrey de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, pasando por fin a España ese mismo año por el tratado de San Ildefonso. En el siglo XIX pasó a formar parte de la república del Uruguay.

Las consecuencias.

La campaña antijesuítica transformó los encuentros desiguales entre guaraníes mal equipados y el ejército regular hispano-portugués en una especie de guerra de independencia de las reducciones, bajo la iniciativa y dirección de los jesuitas. Iniciadas las reducciones en el siglo XVII a petición de la corona española, por decisión de la misma llegaron a su fin en el siglo XVIII. La leyenda del imperio jesuítico independiente fue una de las causas que motivó la expulsión de la Compañía de los territorios españoles (1767-1768), por decreto del rey Carlos III, y su supresión en el mundo por el Papa Clemente XIV (1773).

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